Ecuador-Colombia-EE.UU.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ECUATORIANA ORDENA AUDITAR LA BASE DE MANTA PARA SABER SI LAS TROPAS U.S.A. PARTICIPAN EN OPERACIONES ENCUBIERTAS, COMO EL ATAQUE EN EL QUE MURIÓ EL DIRIGENTE DE LAS FARC RAÚL REYES

La Asamblea Constituyente de Ecuador ordenó una investigación sobre las operaciones de la base militar de Estados Unidos en la zona costera de Manta y la posible injerencia de la CIA en el país, tras el ataque colombiano del 1 de marzo. Con 87 votos a favor, de un total de 130 asambleístas, la resolución apoya, además, la conformación de una comisión cívico y militar. El objetivo de la comisión será "investigar la posible injerencia de los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) en los asuntos internos del país".

Existen sospechas de que el Pentágono facilitó información a Colombia extraída de los propios servicios de inteligencia ecuatorianos para el bombardeo del 1 de marzo pasado.
En esa operación, realizada en la zona fronteriza ecuatoriana de Angostura, murieron al menos 25 personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos, un ecuatoriano y el portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes.

La Comisión de Soberanía de la Asamblea Constituyente tras analizar documentos relacionados con ese ataque a territorio ecuatoriano, aseguró que "los informes coinciden en la necesidad de que se investiguen a fondo las actividades realizadas en el FOL (base militar) de Manta, así como las posibles vinculaciones del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos en nuestro país". Los asambleístas decidieron convocar al ministro de Defensa Javier Ponce para que informe "sobre las acciones que el gobierno tomará en el ámbito militar para garantizar la estabilidad democrática y la paz" en Ecuador.

La base de Manta, se acaba en 2009

Un acuerdo de cooperación militar entre Washington y Quito permite que tropas norteamericanas utilicen desde 1999 la base de Manta para operaciones antidrogas. Este acuerdo finaliza el año que viene y el Presidente Rafael Correa ya advirtió desde la campaña para las elecciones que le llevaron al poder, que no renovaría el acuerdo. Además, la Asamblea Constituyente ya aprobó un artículo de la nueva carta magna, que prohíbe las instalaciones militares extranjeras en Ecuador.

El artículo dice que "el Ecuador es un territorio de Paz y que no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares". Fue aprobado con 89 votos de un total de 105 asambleístas.

Según encuestas de la Fundación Regional de Derechos Humanos INREDH, más del 55% de la población de la ciudad de Manta está en contra de la permanencia de las tropas norteamericanas. La economista e investigadora mexicana Ana Esther Ceceña, que integra la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA), considera que Manta es de una gran imporancia para Washington. Asegura que las bases instaladas en El Salvador, en Aruba y Curaçao, y en Ecuador, le permitieron a Estados Unidos establecer un control ampliado sobre la región después de tener que abandonar sus posiciones en el Canal de Panamá. El Comando Sur ya ha comenzado a explorar territorios de la amazonía peruana, cerca de la ciudad de Iquitos, para trasladar allí parte de las instalaciones ahora en Ecuador.

La OEA desmiente las 'exageraciones' de Colombia sobre el PC de Raúl Reyes

En un comunicado publicado el viernes pasado, un plantel integrado por expertos de universidades de los Estados Unidos, se advierte que "no existe evidencia que indique que los documentos disponibles para el público pudieran servir de base para ninguna de las afirmaciones extremistas hechas por el gobierno colombiano en cuanto a que Ecuador y Venezuela tuvieran algún tipo de relación financiera con los rebeldes" Lo que sigue son extractos del cocumento:

"Hacia finales de este mes la Organización Internacional de Policía Criminalística (Interpol) determinará públicamente la autenticidad de los computadores portátiles recuperados en el campamento de las FARC atacado en Ecuador. Considerando la cobertura previa por parte de la prensa de la incursión y de los documentos, es para nosotros de suma importancia que los medios de comunicación interpreten de manera muy cuidadosa los hallazgos hechos por la Interpol. Durante la primera ronda de la cobertura del evento por los medios de comunicación, surgieron considerables problemas de inconsistencia precisamente como resultado de la brecha existente entre las exageraciones de Colombia y lo que realmente dicen los documentos. Incluso si llegara a corroborarse que los computadores personales en efecto pertenecían a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no existe evidencia que indique que los documentos disponibles para el público pudieran servir de base para ninguna de las afirmaciones extremistas hechas por el gobierno colombiano en cuanto a que Ecuador y Venezuela tuvieran algún tipo de relación financiera con los rebeldes. De hecho, análisis independientes de los documentos indican que el gobierno colombiano ha exagerado de manera sustancial el contenido de estos documentos, quizás con fines políticos....

...La interpretación colombiana ha probado ser tan débil que la semana pasada el señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, al rendir testimonio ante el Subcomité de la Cámara encargado de Asuntos del Hemisferio Occidental, indicó de manera inequívoca que "no existe evidencia" que vincule a Venezuela con los rebeldes colombianos. No obstante, esta afirmación de Insulza ha pasado virtualmente desapercibida para la prensa de habla inglesa.

Los analistas citan tres fallas primarias en las imputaciones hechas por el gobierno colombiano sobre los nexos entre Venezuela y las FARC: El "Dossier": La idea de que el gobierno venezolano le proporcionó – o intentó proporcionarle – 300 millones de dólares a las FARC se basa exclusivamente en este extracto de una carta enviada por Raúl Reyes a la secretaría de las FARC: "En cuanto a los 300, los cuales en adelante denominaremos "dossier", actualmente se están adelantando esfuerzos en atención a las órdenes del jefe al lisiado, las cuales explicaré en una nota aparte". No hay una descripción clara de qué representan los "300". Mientras los colombianos aseguran que se trata de una referencia a los 300 millones de dólares, igualmente podría tratarse de trescientos dólares o incluso trescientos rehenes. Nótese que esta carta tiene fecha del 23 de diciembre de 2007, dos semanas antes de la primera ola de liberación de rehenes por parte de las FARC....

...Para poder creer que Hugo Chávez le estaba dando apoyo material a las FARC – más allá de su rol como negociador de rehenes – hay que aceptar que la persona a la cual los documentos de las FARC denominan bajo el nombre código "Ángel" es en efecto Hugo Chávez. Sin embargo, los documentos hacen referencia tanto a "Ángel" como a "Chávez", a veces en el mismo párrafo. Da la impresión de que los documentos se refieren a dos personas distintas....

...Adam Isacson, del Centro para la Política Internacional , ha hecho la evaluación más amplia de los documentos disponibles. Además de los puntos anteriores, Isacson concluyó que la comunicación entre el gobierno de Venezuela y las FARC coincidió casi exclusivamente con el período de tiempo durante el cual Chávez fue invitado a hacer las veces de mediador en las negociaciones por los rehenes. Según palabras del propio Isacson, "Al ser consideradas en orden cronológico, las comunicaciones de la guerrilla que hacen referencia a Hugo Chávez y a Venezuela parecen revelar una relación cordial pero distante hasta el otoño de 2007" , exactamente el tiempo en que se iniciaron las negociaciones.

Nótese también que ya se ha probado la falsedad o lo sospechoso de otras acusaciones colombianas relacionadas con los computadores portátiles. Cabe destacar que las afirmaciones que indicaban que las FARC estaban conspirando para construir una "bomba sucia" fueron desechadas públicamente por el gobierno de Estados Unidos y por expertos en terrorismo de toda la región. Además se probó la falsedad de las acusaciones de Colombia sobre el hallazgo de una fotografía en los computadores portátiles y que mostraba una reunión entre líderes de las FARC y un funcionario del gabinete ecuatoriano....

... Dada la sensibilidad y las potenciales implicaciones para la paz en el hemisferio, es de vital importancia que los medios de comunicación sean más críticos que lo que han sido hasta la fecha con su propia cobertura.Cualquier cobertura imparcial del próximo pronunciamiento de la Interpol dejará en claro que la autenticación de los computadores portátiles no implica la validación de las interpretaciones colombianas de su contenido, y debería tomar nota tanto del análisis independiente de los documentos como de la declaración del Secretario General de la OEA.

Firman el informe: Charles Bergquist, University of Washington Seattle, Larry Birns, Council on Hemispheric Affairs, Amy Chazkel, Queens College, City Univerity of New York, Avi Chomsky, Salem State College Luis, Duno Gottberg , Florida Atlantic University, James Early, TransAfrica Forum Board of Directors and Institute for Policy Studies Board of Directors, Samuel Farber, Brooklyn College, City University of New York, Sujatha Fernandes, Queens College, City University of New York, Lesley Gill, American University, Greg Grandin, New York University Daniel Hellinger, Webster University, Forrest Hylton, New York University, Diane Nelson, Duke University, Jocelyn Olcott, Duke University, Diana Paton, University of Newcastle, UK, Fred Rosen, North American Congress on Latin America ,T.M Scruggs, University of Iowa, Sinclair Thomson, New York University, Miguel Tinker Salas, Pomona College Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research, John Womack, Harvard University

(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, Prensa Latina, Inredh.org-Ecuador, Alai-Amlatina-Argentina)

Bolivia:Crisis política

EL GOBIERNO DE EVO MORALES TRATA DE EVITAR EL REFERENDUM DE SANTA CRUZ MEDIANTE EL DIÁLOGO. LOS AUTONOMISTAS RADICALES LLAMAN A LUCHAR PARA QUE NO GOBIERNE 'UN INDIO IGNORANTE'

El secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dante Caputo, visita hoy Bolivia y, en La Paz, va a recibir una propuesta de diálogo del presidente Evo Morales, informaron fuentes del Palacio de Gobierno. Caputo regresa a Bolivia de nuevo, después de que el canciller boliviano, David Choquehuanca, denunciara la rxistencia de una presunta conspiración contra el Gobierno de Morales en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el sábado en Washington. Después de visitar La Paz, Dante Caputo viajará a Santa Cruz, donde el próximo domingo 4 de mayo se realizará el referendo del Estatuto Autonómico cruceño, impulsado por el prefecto (gobernador) Rubén Costas y el Comité Cívico presidido por Branko Marinkovic.
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, comisionó a Caputo para realizar gestiones de acercamiento entre el Gobierno y la oposición, lo que podría facilitarse con la propuesta que hoy le presentará el presidente Evo Morales. No obstante, hasta unas horas antes de viajar, el diplomático argentino no había logrado obtener respuesta del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien aceptó verbalmente la petición de dialogar formulado por la OEA, pero no formalizó la cita. Costas es el líder del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), instancia que hasta el momento se negó sistemáticamente a acudir al diálogo antes del referendum.

Políticos, cívicos y empresarios cruceños llevan adelante una consulta sobre el estatuto autonómico cruceño al margen de la legalidad boliviana, por lo que no contará con observadores ni de la OEA ni de la Unión Europea.

El sábado pasado, el pleno del Consejo Permanente de la OEA aprobó por unanimidad, incluido el representante de Estados Unidos, una resolución que ratifica su más firme respaldo al gobierno boliviano legalmente constituido y que emplaza a los opositores a sentarse en una mesa de negociación. Sin embargo, los líderes regionales de Santa Cruz rechazaron esa iniciativa y ratificaron la realización de la consulta, cuyos resultados pretenden utilizar, según el Gobierno boliviano, como un instrumento de presión contra la nueva carta magna que elabora la Asamblea Constituyente.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, planteó ayer la urgencia de entablar un diálogo para conciliar las diferencias sobre el tema autonómico entre el Gobierno y los dirigentes del departamento de Santa Cruz. El viceministro considera que las divergencias existentes respecto a la legalidad del referendum del próximo domingo han llegado a tal punto, que sólo pueden ser resueltas por el camino de la negociación. Asegura que el gobierno del presidente Evo Morales reconoce el derecho de cada región a lograr una mayor descentralización a través de los estatutos de autonomía, pero ese proceso debe realizarse bajo el amparo de las leyes del país.
Por su parte, Evo Morales asegura que su gobierno desestimará los resultados de la consulta por considerarla una violación de la Constitución y una maniobra de sus opositores para entorpecer el proceso de cambio que vive la sociedad boliviana.

Autonomistas radicales no quieren que gobierne un “indio ignorante”

Los discursos políticos suben de tono a medida que se acerca la consulta autonomista del 4 de mayo en Santa Cruz. Dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista prometen defender con sus vidas la autonomía y repudian en público que un “indio ignorante” gobierne el país. Y por el otro lado, líderes sociales de las tierras altas del departamento llaman a enfrentar a la burguesía separatista con las armas e iniciar la revolución.

Todo indica que ni la OEA ni la Iglesia Católica podrán instalar una negociación política antes del referéndum cruceño.
Pablo Mamani, Oscar Olivera y Eugenio Rojas, alcalde de Achacachi y líder de los “ponchos rojos”, y otros representantes de la Coordinadora de movimientos sociales de Cochabamba convocaron a los bolivianos a tomar las armas e impulsar una revolución social desde el 4 de mayo. Estos sectores decidieron no atender el llamamiento del Presidente Evo Morales, quien pidió a las organizaciones sociales que no se movilicen contra el referéndum en Santa Cruz.

La cúpula de la Central Obrera Regional de El Alto confirmó que ya está en Santa Cruz una comisión que participará en las movilizaciones contra el referéndum y en la campaña por la abstención.
Nicanor Muñoz, dirigente vecinal del populoso barrio cruceño Plan 3000 invitó a organizaciones sociales de El Alto, a los cocaleros de Cochabamba, al sindicato campesino CSUTCB, a los colonizadores y a otros sectores a una reunión el primero de mayo para delinear una estrategia que permita alcanzar una abstención mayor al 50 por ciento. En el Plan 3000 habitan 243.750 personas en 114 barrios.

Una virtual dictadura autonomista declarada en la capital cruceña está fermentando resentimientos que podrían degenerar en choques violentos. La campaña del miedo de los cívicos y sus grupos de choque y las amenazas de “limpiezas étnicas” luego del 4 de mayo ya no sólo atemorizan a los disidentes sino que también multiplican las broncas.
Ayer los jóvenes cruceñistas salieron a marchar a las calles de la capital oriental en apoyo al estatuto autonómico, motivando a los jóvenes opositores a organizar una caravana contra la autonomía de los patrones para este martes desde la plaza del Estudiante. Los críticos están dispuestos a responder a cualquier tipo de ataque de los unionistas y responsabilizan al prefecto Rubén Costas si se produce derramamiento de sangre.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba observa con preocupación que Bolivia puede ingresar en una espiral de violencia si no se instala el diálogo entre el oficialismo y la oposición antes de este 4 de mayo.

El diálogo, en punto muerto

El gobierno dejó en manos de los prefectos opositores la decisión de fijar hora, fecha y lugar para reanudar el diálogo recomendado por la OEA. Los prefectos (gobernadores) de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz se niegan a dialogar antes del 4 de mayo.“Haremos todo lo que sea necesario para que se pueda instalar cualquier tipo de conversación antes, durante o después del 4 de mayo”, dijo el viceministro de Descentralización Fabián Yaksic, quien pidió una vez más a los opositores que revisen su posición y busquen la forma de armonizar la nueva Constitución Política del Estado y los estatutos autonómicos.
El jefe nacional de Poder Democrático y Social-PODEMOS(derecha), Jorge Tuto Quiroga, señaló que la establecimiento de un diálogo entre el gobierno y la oposición para superar la crisis política será posible sólo con la mediación de la Iglesia Católica y con el acompañamiento de la Unión Europea y países amigos como Argentina, Brasil, Colombia y México. Según el jefe de Podemos, la OEA no merece ninguna confianza por su falta de neutralidad y credibilidad. “El Secretario General y la misión que envía con el señor Enrique Correa, que es el operador político chileno del señor Insulza, que es el que redacta los informes, no nos merece ninguna confianza; es hasta una falta de tacto y de sensibilidad… el señor Insulza, que se auto-descalificó por su parcialización y falta de neutralidad y credibilidad… nos llenan de insultos y de injurias y la OEA no dice nada sobre las violaciones al Tribunal Constitucional, ataques a medios de comunicación, cómo se ha golpeado a diputadas, cómo se ha acuartelado la Asamblea, cómo se la ha llevado a la UTO en Oruro para causar hechos de violencia”, resaltó Quiroga.
El diputado de Podemos Fernando Messmer aseguró que el canciller David Choquehuanca le mintió a la comunidad hemisférica “de una manera absolutamente desvergonzada”, queriendo mostrar el 4 de mayo como un acto separatista, divisionista, que busca derrocar al régimen del Presidente Evo Morales. Lo que esta claro, dijo Messmer, es que más allá de que se instala o no el diálogo antes del 4 de mayo, “el referéndum del 4 de mayo se va a llevar a cabo indefectiblemente”.

El MAS, el partido de Evo Morales, descarta la posibilidad de dialogar sobre los resultados de referéndum del 4 de mayo. Los diputados Jorge Silva y Gustavo Torrico advirtieron que no reconocerán un acto ilegal y fuera de la Constitución Política del Estado. En criterio de Silva, por cálculo político, la oposición espera que los resultados del referéndum legitimen un acto político concebido al margen de la ley, para posteriormente negociarlo con el proyecto de la nueva Constitución. "Es imposible negociar después del 4 de mayo porque existirá una Constitución Política del Estado y unos estatutos ilegales imposibles de compatibilizar", comentó Torrico.

Las organizaciones sociales importantes del país coinciden en que pequeños grupos de poder vinculados a la agroindustria fomentan la confrontación violenta entre bolivianos, con el apoyo militante de legisladores de derecha, especialmente de Podemos.
El diputado Ronald Moreno advirtió hace poco que si el gobierno “quiere atropellar” sus haciendas “van a tener violencia, nos vamos a constituir en una fuerza que quizá lleve a desencadenar un episodio que no quisiéramos”.
El senador Jorge Aguilera advirtió que después del referendo del 4 de mayo comenzará el desacato a la Constitución Política del Estado. “Si el Poder Ejecutivo no hizo caso a las consultas populares, lamentablemente creemos que no está aplicando las normas vigentes en el país, es decir, la Constitución, entonces que no nos obligue a que las regiones y los ciudadanos a acatar la Carta Magna porque la desacatemos para llevar adelante nuestra autonomía.”.El prefecto Costas anunció que después de la consulta se comenzará a construir una “segunda República”.

El gobierno y movimientos sociales piden la abstención

La Constitución faculta al Presidente Evo Morales a movilizar a las Fuerzas Armadas y a los reservistas que crea necesarios para que interrumpan el plebiscito del 4 de mayo en Santa Cruz, en defensa del orden interno y previniendo una grave conmoción. Pero el gobierno prefiere la vía de convocar a abstenerse de participar en lo que llama una “mañosa encuesta sin valor legal” para aprobar un estatuto autonómico que, dice, está hecho a la medida de los grupos de poder y que es reproductor del modelo racista, excluyente y neoliberal.

La consulta convocada para el 4 de mayo no tiene efecto vinculante y no pasa de ser “una encuesta cara”, según el Vicepresidente Alvaro García Linera, porque viola la Ley 2769 del Referéndum (mientras no exista un gobierno departamental electo por voto popular el Congreso Nacional es la única instancia autorizada para convocar a consultas nacionales, departamentales y municipales), y disposiciones de la Corte Nacional Electoral (CNE), la única instancia que puede administrar referendos.

Un estatuto separador

El texto del estatuto que será sometido a referendum este domingo en el departamento de Santa Cruz arrebata al Estado boliviano las competencias establecidas por la actual Constitución. Otorga al gobierno departamental competencias exclusivas en materia legislativa, reglamentaria y ejecutiva en el régimen electoral, administración de justicia, educación en todos los niveles, regímenes laboral, tierras, agua, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles y ordenamiento territorial, entre otras 40 competencias “exclusivas”.
La norma autonómica le atribuye a la Prefectura (Gobierno) de Santa Cruz el dominio pleno sobre los recursos naturales, económicos y humanos. Las disposiciones del gobierno departamental tienen preferencia respecto de las nacionales (que son “subsidiarias”) incluyendo la potestad tributaria. Pretende el control de las instituciones del Estado en el departamento, mediante la designación de sus autoridades de ternas presentadas por la Asamblea Departamental.

La Corte Superior de Distrito sería la última instancia jurisdiccional y dictaría sentencias con autoridad de “cosa juzgada” en temas de competencia exclusiva. Eso significa, por ejemplo, que la Corte Superior sería la última instancia decisora sobre la distribución de tierras.
El estatuto cruceño establece que sólo los ciudadanos cruceños pueden ejercer derechos políticos como el sufragio, la elección de autoridades departamentales y ser elegidos como tales, participar en asuntos públicos departamentales a través de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum, el Plebiscito y el Cabildo. En los hechos, se reconoce una doble condición política de ciudadanía, una boliviana y otra cruceña.

Todo el poder al gobernador… y a los latifundistas

Buscando equilibrios, la democracia reparte el poder del Estado en tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero el estatuto cruceño concentra todo en la Asamblea Departamental, que tendría competencias para nombrar a los funcionarios del Ejecutivo e incluso a los jueces.

Semejante concentración se evidencia en la política agraria que impulsan los grupos de poder cruceños. Según su estatuto, el derecho propietario, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz serían regulados por ley departamental aprobada por la Asamblea Legislativa. Esto significa que el parlamento regional tendría la última palabra en la definición de tamaños, características y parámetros de cumplimiento de la función social y función económico-social para cada forma de propiedad agraria.

El gobernador firmaría “todos los Títulos Agrarios que acrediten la propiedad sobre la tierra y se encuentren dentro de la jurisdicción del Departamento Autónomo de Santa Cruz, los que, de acuerdo a principios constitucionales, causan estado y son irrevisables, salvo por la autoridad judicial competente, permitiendo su inscripción en el Registro de Derechos Reales”.

El estatuto cruceño propugna una política agraria que combata el minifundio, no que luche contra el latifundio. El gobierno departamental, a través del Instituto Departamental de Tierras (IDT), fomentará el “reagrupamiento, distribución y redistribución” de tierras para evitar la aparición del minifundio improductivo. Incluso se quiere revertir parcelas de tierra “improductivas” para concentrarlas luego en haciendas “productivas”. En el fondo, los autonomistas pretenden mantener latifundios y tierras de engorde.
El Vicepresidente boliviano García Linera considera que el estatuto sería el único en el mundo que plantea anular la pequeña propiedad y fomentar la concentración de la propiedad agraria. “Si ve por ahí 50, 100, 200 o 300 hectáreas y las considera pequeñas, están obligados a reconcentrarlas en pocas manos”. “No estamos de acuerdo con que se expropie la tierra al pequeño o mediano campesino por capricho prefectural, o con el hecho de que sea un Prefecto el que emita los títulos de propiedad (de la tierra) a quien quiera, a sus amigos, conocidos, comparsas, vecinos, de una manera arbitraria”, observa el Presidente Morales.“El gobierno quiere autonomía y estatuto autonómico, pero no quiere que unas cuantas familias, por orden del Prefecto, se distribuyan las tierras como les da la gana”, dice García Linera.

(Fuentes:Radio Erbol, ABI-Agencia Boliviana de Información, Bolpress, Prensa Latina y ANSA-Latina)

Paraguay: Elecciones 2008

LULA PRESENTA UNA PROPUESTA A FERNANDO LUGO SOBRE EL TRATADO DE ITAIPÚ. PARAGUAY CONSUME EL 5 POR CIENTO DE LA ELECTRICIDAD DE LA PRESA. BRASIL PAGA POR EL RESTO A PRECIO DE COSTO

Brasil impulsa un "Plan B" que presentará a Paraguay para eludir la necesidad de modificar el contrato del salto hidroeléctrico de Itaipú, como pretende el presidente electo paraguayo, Fernando Lugo. Entre las opciones se encuentra la de aumentar los beneficios para la parte paraguaya, mediante un fondo de desarrollo y una actuación conjunta para patrullar las fronteras de ambos países.

La primera propuesta es el proyecto de una línea de transmisión entre Itaipú y Asunción, para abastecer de electricidad a la capital paraguaya con inversiones de 200 millones de dólares, financiados por la entidad pública brasileña Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El ministro de Minas y Energía de Brasil, Edison Lobao, no descarta la idea de constituir un fondo de inversión en Paraguay con pagos anticipados por la energía de Itaipú, con anticipos de 200 millones de dólares al año. Paraguay consume el 5% de la energía producida por la presa de Itaipú y reclama aumentar el precio de costo que recibe de Brasil por la venta del excedente, en base al tratado firmado en 1973 y que dura hasta 2023.
ESPECIAL: Itaipú y Paraguay dividen al gobierno brasileño

La victoria de Fernando Lugo, obliga a renegociar

La victoria de Fernando Lugo en las presidenciales ha puesto sobre la mesa del gobierno brasileño el problema del pago de la energía de Itaipú, que ha sido el tema-estrella la campaña del ex-obispo paraguayo y su Alianza Patriótica para el Cambio.

La primera reacción oficial fue precisamente la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien estaba en Africa el día de la victoria y dijo a la prensa brasileña, sobre Itaipú, que "tenemos un tratado, y éste será mantenido". Días antes, su asesor y amigo, el teólogo Frei Betto, había asegurado lo contrario.
Y mientras el presidente daba a entender que no había nada que discutir, el ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, ensayaba otro lenguaje, al admitir que Paraguay podría obtener una remuneración adecuada por su energía, "porque eso es justo".
El centro de la cuestión es el tratado concluido entre Brasil y Paraguay en 1973 para la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú, hoy responsable por el 20 por ciento de la energía usada en Brasil y el 95 por ciento de la utilizada en Paraguay.
Con capacidad de generación de 14.000 megawatios (MW), Itaipú es todavía - mientras no empiece a operar Tres Gargantas en China- la mayor hidroeléctrica del mundo, cuya energía es dividida entre los dos países.
De acuerdo con el tratado, vigente hasta 2023, la electricidad que cualquiera de los dos no utilice será necesariamente vendida al otro socio, nunca a terceros países. Y será pagada "al precio de costo".
Actualmente, Paraguay utiliza solamente el 5 por ciento de su parte en la energía, y vende el resto a Brasil, del que recibe 45,31 dólares por MW como pago.

El problema es que de ese valor, 42,50 dólares son previamente destinados al pago de los préstamos obtenidos para financiar la obra, cuya amortización se extiende hasta 2023. Así, a Paraguay le quedan poco más de 340 millones de dólares al año.

Es precisamente contra ese parco dividendo, por lo que reclaman los paraguayos, encabezados por su presidente electo. "Si Brasil tuviese que sustituir la energía paraguaya por gas natural o petróleo, tendría que gastar 8.000 millones de dólares al año para pagarlo", dice el ingeniero Ricardo Canese, uno de los principales asesores de Lugo.
Con base en ese argumento, propone "un valor intermedio" entre los 8.000 millones que Brasil tendría que gastar y los 340 que paga a su socio. "Como mínimo, unos 2.000 millones de dólares", precisa.
Pero Brasil alega que decidió construir Itaipu precisamente para no tener que gastar aquella fortuna en combustible fósil, y todo el financiamiento lo obtuvo Brasil, que es responsable por las garantías y el pago.

Por su parte, José Antonio Muniz Lopes, presidente de Eletrobras, "holding" estatal del sector eléctrico, sostiene que el tratado vigente es absolutamente justo, gracias a su "ingeniería financiera correcta y feliz". En su visión, cualquiera que sea la decisión del gobierno sobre el tema, "los intereses de los accionistas privados de la empresa no podrán ser perjudicados" con una eventual reducción de las ganancias.
Mientras los "halcones" siguen sosteniendo que nada debe ser cambiado en el tratado ni en la remuneración de la energía, que está establecido en el documento, el canciller Amorim trata de elaborar un camino alternativo.
Dando por sentado que el tratado no será renegociado, admite que Brasil pueda ofrecer a Paraguay otras compensaciones, como la construcción de una línea de transmisión hasta Asunción, que le permita disponer de más energía que la actual.
Con mucha energía disponible, Paraguay podría transformarse en un centro atractivo para industrias que utilizan intensivamente electricidad, como la del aluminio, por ejemplo.
También ha mencionado la posibilidad de costear un proyecto de navegabilidad del río Paraguay, útil para los dos países. De cualquier modo, todavía hay tiempo para sostener conversaciones preliminares: el presidente Lugo asumirá su cargo hasta agosto, y hasta allá se podrán discutir otras alternativas.

La victoria de Lugo en Paraguay tendrá efectos en todo el continente
Por Luismi Huarte(*)

Tras la victoria del candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo, en las elecciones del 20 de abril en Paraguay, las primeras llamadas telefónicas de algunos mandatarios de la región proyectaban con notable nitidez la guerra de posiciones que se está desarrollando en el tablero político latinoamericano.
Las rápidas felicitaciones de los ejecutivos de Uruguay, Argentina, Bolivia e, incluso, Chile reflejaban con bastante precisión la política de alianzas estratégicas y tácticas -no exenta de contradicciones- que está operando al sur del continente.
La llamada del presidente venezolano Hugo Chávez fue quizás la de mayor calado político por su claro objetivo de iniciar cuanto antes un trabajo común estrecho, tanto a nivel bilateral como regional. El jefe de Estado bolivariano expresó a Lugo su deseo de reunirse «lo más pronto posible» para impulsar planes de «cooperación y complementariedad» entre las dos naciones. Además, los dos coincidieron en la necesidad de seguir construyendo la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), herramienta estratégica en la dinámica de integración regional.

La conformación de un Gobierno de «centro-izquierda» en Paraguay va a posibilitar el fortalecimiento de la orientación integracionista latinoamericana, relativamente soberana de la influencia de Washington. Aunque es cierto que el ejecutivo «colorado» de Nicanor Duarte ha sido partícipe de algunas de las nuevas expresiones organizativas que han ido surgiendo (Unasur, Banco del Sur, etc.), con la llegada de Lugo se presume que la presencia paraguaya se torne más firme y sólida. Las dos nuevas propuestas que se han realizado recientemente por parte de Brasil (Consejo de Seguridad Latinoamericano) y de Ecuador (Organización de Estados Latinoamericanos), que han generado «preocupación» -como les gusta decir en la Casa Blanca- en la Administración Bush, contarán probablemente con el apoyo del gobierno paraguayo.

Y estos no son asuntos de segundo orden, porque vislumbran la crisis de legitimidad de estructuras hemisféricas impuestas por los Estados Unidos en el último medio siglo, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, la postura geopolítica que adopte la nueva administración paraguaya, va a depender no sólo de la voluntad política de la Alianza Patriótica, sino en gran medida, del papel que estén dispuestos a jugar los dos gigantes que le rodean (Brasil y Argentina). Las nuevas relaciones en el ámbito hidroeléctrico, en concreto, y en el seno del MERCOSUR, en términos más generales, van a ser cruciales. Debemos recordar que las presas de Itaipú y de Yacireta, están suministrando energía a precios de costo a Brasil y Argentina, respectivamente.

Esto significa que el segundo país más empobrecido de Sudamérica está subsidiando a dos naciones económicamente más sólidas. El precedente de las negociaciones en torno al gas boliviano enviado a Brasil y Argentina, no es muy halagüeño, ya que altos funcionarios de Petrobras reprodujeron actitudes propias del denominado «sub-imperialismo» brasileño. La posición más equilibrada del presidente Lula permitió mejorar las condiciones de venta del gas de Bolivia, a pesar de que todavía se sigue transfiriendo por debajo de precios justos, fundamentales para impulsar el desarrollo del país más pobre del subcontinente. Por ello, la aplicación de precios más acordes a los del mercado, será un asunto fundamental en los intercambios de Paraguay con sus dos vecinos.

Pero donde mayores «concesiones» deberían hacer Brasil y Argentina es al interior del MERCOSUR, si pretenden fortalecer dicha institución. Las asimetrías del Mercado Común del Sur son notables desde su nacimiento en 1991, y han provocado constantes reclamaciones de los dos socios menores (Paraguay y Uruguay). Este último, debido al permanente desequilibrio, y a pesar de contar con un gobierno teóricamente de «centro-izquierda», ha coqueteado en los últimos tiempos con los Estados Unidos, firmando un Tratado Bilateral de Inversión, y amenazando con un TLC si no se redimensiona el MERCOSUR. De cualquier manera, la entrada reciente de Venezuela en el organismo, y las propuestas de Chávez pueden resultar trascendentales para el reacomodo de Paraguay y Uruguay.

Posición ante EEUU

Otro asunto de vital importancia va a ser la posición que asuma la administración Lugo ante la Casa Blanca, y más específicamente ante dos ejes de intervención. El primero es la presencia de tropas norteamericanas en la base aérea Mariscal Estigarribia, a 200 kilómetros de Argentina y 300 de Brasil. Con la excusa de la presencia de grupos «terroristas islámicos» en la triple frontera, Estados Unidos presionará para seguir teniendo presencia en la zona, con el objetivo oculto de establecer una base militar que controle el sur del continente. Si al anuncio por parte de Ecuador de retirar a las tropas norteamericanas de la base de Manta en 2009, se une la negativa del gobierno paraguayo a la presencia de militares estadounidenses, los niveles de nerviosismo en Washington se pueden extremar. El otro eje es la pretensión de EEUU de apropiarse del Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, y por tanto hacerse con el control del recurso natural por el que se desencadenarán los conflictos bélicos del futuro. Se prevé que Lugo adopte posiciones soberanas en torno a este tema.

En definitiva, los resultados electorales paraguayos hay que interpretarlos como un tanto más para el conjunto formado por la alianza entre el «bloque rojo» y el «bloque rosa» de la región, frente a los peones más representativos del «eje del mal» (Colombia, Perú, México), liderado por Estados Unidos. Sin embargo, dos interrogantes de gran trascendencia surgen en relación con Brasil y Argentina: ¿tendrán la suficiente capacidad para priorizar una visión estratégica regional a largo plazo? Y ¿tendrán la valentía requerida para enfrentar los bloqueos internos?
(*)Luismi Huarte es un analista político que escribe regularmente en el diario vasco Gara. Este artículo fue publicado en ese cotidiano el 24 abril y reproducido por Sin Permiso

(Fuentes: ANSA-Latina, Xinhuanet y SinPermiso)

Panamá: Derechos Humanos

LA ONU SEÑALA LA INEFICACIA DEL ESTADO PARA PROTEGER A SUS CIUDADANOS Y DESTACA ESPECIALMENTE LA GRAVE SITUACIÓN EN LAS PRISIONES Y LA DE LAS ETNIAS INDÍGENAS

Con un retraso de 11 años, el Estado panameño aceptó realizar este mes un diálogo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos civiles y políticos del país. Seis puntos pautaron el debate: la discriminación, la ineficacia para proteger los derechos humanos, la expulsión de los indios de sus tierras para construir proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, la grave situación del sistema penitenciario, la falta de protección de los refugiados y la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes.
En relación con el derecho de las mujeres, la ONU criticó la dificultad de implementar una legislación en materia de igualdad, las diferencias enfrentadas en el mercado de trabajo, las prácticas que les dificultan el acceso al mercado de trabajo, el aumento de la violencia y la situación deplorable del único albergue para las mujeres víctimas de violencia. También en ese sentido, fue condenada la práctica discriminatoria de solicitar la prueba de embarazo como paso necesario para que las mujeres puedan entrar en el mercado de trabajo.

Las cárceles

La situación de las prisiones panameñas también fue blanco de críticas de los especialistas de la ONU. Panamá tiene la segunda mayor población carcelaria de América Latina. En las prisiones panameñas hay superpoblación, falta de atención médica, abusos físicos y psicológicos, además del desinterés público para solucionar esos problemas.

La cárcel de La Joya-La Joyita fue comparada con las peores de la región.
Para un miembro de la comisión, Nigel Rodley de Reino Unido, "todo el sistema parece estructurado para crear una situación insustentable". Agregó además que el compromiso reciente del Estado para construir más cárceles, según su experiencia, no es suficiente para solucionar el problema de la superpoblación de las cárceles. El Estado panameño fue cuestionado en relación con los abusos físicos frecuentes de los que son víctimas los presos cuando no obedecen una política oficial y las sanciones impuestas a los funcionarios que cometen abusos contra los detenidos.

Los indígenas

Los derechos humanos de las poblaciones indígenas son violados constantemente, porque las comunidades sufren el acoso de las autoridaes y las empresas que les desalojan para implementar proyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos que se construyen en sus tierras. El Estado falla cuando tiene que darles ayuda financiera, cuando debe protegerles el medio ambiente y su cultura. Según los especialistas, esos proyectos están destruyendo la forma de vida tradicional de los pueblos. La Comisión de DD.HH. de la ONU advierte que el derecho consuetudinario moderno requiere la consulta y el consentimiento de los pueblos para permitir la construcción de obras en sus tierras.

El diálogo con el Comité no presentó sólo puntos negativos. La desaparición del delito de desacato y la adopción del sistema acusatorio fueron señaladas como avances. La Onu reconoció también los esfuerzos de Panamá para promover los derechos de los residentes en el país, pero las reformas necesarias para alcanzar esos derechos son insuficientes y no presentaron avances concretos.
En ese sentido, los participantes del diálogo dijeron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no ocupa la debida jerarquía en la legislación de Panamá y difícilmente se invoca en los juicios de la Suprema Corte.

En lo que respecta a los derechos de los refugiados, se dijo a los representantes del Estado que la definición de quien es un refugiado es muy restrictiva, y el procedimiento para pedir refugio no respeta las garantías mínimas del proceso. Además, el régimen de "protección temporaria humanitaria restringe innecesariamente los derechos de la población que debe proteger".
Según el Estado, el Decreto con esas determinaciones fue establecido "para regular una situación específica y excepcional de flujo masivo de personas que no califican para recibir protección como refugiadas, y sí como protegidos temporales humanitarios, y por lo tanto no veían la necesidad de reformar dicho decreto". Para la Onu, el Decreto no protege a quien está en el territorio de Panamá por poco tiempo y no da a esas personas garantías frente a una devolución forzada.

“Reos sin derechos humanos en Panamá”

En el artículo con este título, publicado el 25 de diciembre, 2007 por el panameño El Siglo se denunciaban las violaciones básicas de los derechos humanos de los reos en las cárceles, como la falta de agua potable, la desnutrición y el hacinamiento . El Sistema Penitenciario debe arreglar estas primordiales necesidades para que los reos vivan sin violar sus derechos humanos. El hacinamiento en las cárceles ha creado una situación deplorable. Hay 4 mil detenidos más que sobrepasa la capacidad en las carécelas. Además, la desorganización del Sistema Penitenciario es tan evidente, hay reos que no están cumpliendo sus condenas bajo el mando correcto. Unos reos deben estar bajo el mando del Órgano Judicial pero ya están bajo las órdenes del Ministerio Público. Diómedes Kaa el director de la Coordinación Penitenciaria del Ministerio Público comentó “No podemos tapar el sol con la mano.” Aunque, unos políticos y funcionarios se encuentran la privatización del sistema es la solución mejor para cambiar y mejorar la violación directa de los derechos humanos a los reos, para Kaa no es la mejor. “Este año no se ha aplicado este beneficio, porque aún El Sistema Penitenciario está elaborando el proyecto” enfatizó Kaa.

Fragilidad judicial dificulta derechos humanos

En un estudio presentado por el diario panameño La Prensa en junio de 2007 representantes de 30 organizaciones pro derechos humanos identificaron los aspectos en lo que se demuestra “la grave violación a los derechos humanos que se registra en el país.” De los 19 aspectos se incluyen cárceles que practican tratos inhumanos, discriminación de los indígenas, los afro-descendientes, mujeres y personas que están infectadas con SIDA. La corrupción del sistema de justicia como las leyes mordaza, la inhabilidad de la protesta social y “la distribución desigual de la riqueza y la extendida pobreza rural” agrega al impacto de la falta de los derechos humanos. Una prueba enseña que la pobreza es una violación de los derechos humanos. “De cada 10 panameños 4 viven con menos de 2 dólares diarios”. La directora de la Comisión de Justicia y Paz, Maribel Jaén comentó que este problema es de todos y juntos deben escoger los gobernantes que se fijan en sus derechos diligentemente.

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HONDURAS

Asesinada la dirigente de la principal central sindical

La Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Altagracia Fuentes, fue asesinada a balazos junto a otras dos personas por desconocidos en el norte de Honduras.

Altagracia Fuentes ,de 60 años, recibió 16 impactos de bala de fusil AK-47 el miércoles por la noche cuando el vehículo en el que viajaba fue interceptado por seis individuos, vestidos con camisetas negras y pasamontañas, en la carretera que conduce de San Pedro Sula a El Progreso, a unos 280 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

En el ataque murieron también la acompañante de la dirigente sindical, Virginia García, de 45 años, y el conductor del vehículo, Juan Bautista Aceituno (23). El portavoz del Ministerio de Seguridad, sub comisionado de policía, Héctor Iván Mejía, dijo que la policía sospecha que los atacantes son miembros de una pandilla y que el asesinato habría sido "por encargo", descartándose por el momento que el motivo haya sido un robo, aunque se llevaron unos 4.000 dólares, en moneda nacional y extranjera, que la víctima portaba en su cartera.

Fuentes era la máxima dirigente de la CTH desde hace cuatro años y también era la segunda vicepresidenta regional de la Confederación Sindical para las Américas (CSA), y durante siete años fue presidenta de la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras (FECESITLIH)

(Fuentes: Adital, Américas21, Ya Basta y ANSA-Latina)

Brasil: Dengue

LA ENFERMEDAD HA CAUSADO YA 92 MUERTOS Y SE INVESTIGAN 96 MÁS. ES LA PEOR EPIDEMIA EN LA HISTORIA DEL PAÍS. LOS MÉDICOS DENUNCIAN EL CAOS DE LOS HOSPITALES Y LOS RECORTES DE GASTOS SANITARIOS EN EL ESTADO DE RÍO

La epidemia de dengue en Río es la peor de la historia de Brasil al sumar ya 92 muertos desde comienzos de año. Pero la Secretaría de Salud del estado está investigando otras 96 muertes, cuya causa podría corresponder también a esta enfermedad vírica. Hasta ahora, la peor epidemia de dengue de la que se tenía registro causó 91 muertos a lo largo de todo el año 2002, en la misma región. Durante la actual epidemia se han reportado hasta el momento 110.783 personas contagiadas. Solo en lo que va del mes de abril se han producido 25.075 nuevos contagios, a una media de 1.139 casos por día.

La capital carioca es la más afectada por la enfermedad, que es transmitida por la picadura del mosquito 'aedes aegypti', con 55 fallecidos.Un 42 por ciento de las muertes corresponde a niños menores de quince años, situación que ha derivado en una alarmante carencia de pediatras en la región, cuyas autoridades han pedido ayuda a los servicios médicos del resto del país.Los servicios médicos de la ciudad han sido reforzados con cuatro hospitales de campaña instalados por el Ejército y por numerosas tiendas con puntos de hidratación, en los que se suministra a los pacientes un suero intravenoso que evita la caída de plaquetas que puede conducir a la muerte en la versión hemorrágica del dengue.

El Ejército y el cuerpo de Bomberos desarrollan tareas de fumigación de potenciales criaderos del mosquito.Solo los Bomberos han inspeccionado cerca de 220.000 domicilios y han eliminado 150.000 posibles focos del mosquito desde el pasado 28 de febrero. La alarma se disparó a mediados de febrero, cuando las autoridades locales reconocieron la epidemia con bastante reticencia, ante el espectacular aumento de casos, que se multiplicaban diariamente.El número de contagios ya casi duplica al del año pasado, cuando se registraron 66.553 casos. En 2002, peor año hasta la fecha, 288.245 sufrieron la enfermedad en la región.

Los municipios del estado que más casos de dengue han registrado son las ciudades de Rio de Janeiro (56 mil 919), Angra dos Reis (seis mil 467), Nova Iguaçu (seis mil 39) y Campos (cuatro mil 577).
El número de muertos por ciudades es de 55 en Rio de Janeiro, 11 en Duque de Caxias, cinco en Sao Joao de Meriti, cuatro en Campos y otros tantos en Angra dos Reis, tres fallecidos en Paracambi y otros tres en Nova Iguaçu e igual número en Sao Gonçalo. Y con un muerto por dengue cada uno: Miguel Pereira, Belford Roxo, Itaiva e Itaguaí.

Repercute en el turismo

Las empresas hoteleras detectan una sensible baja en la llegada de turistas sobre todo a los hoteles de la Barra de Tijuca, Leblón, Ipanema y Copacabana, las hermosas playas de la llamada Zona Sul que están entre las más atractivas para los visitantes.
En medio de la epidemia de dengue y con motivo de un ejercicio bélico naval conjunto de las marinas de Brasil, Argentina y Estados Unidos, realiza una turística visita a la ciudad la tripulación del mayor portaviones estadounidense: el USS George Washington.
Lejos de preocuparse por la contaminación que genera su buque nuclear en las playas de la Bahía de Guanabara, estos visitantes muestran celo por su seguridad personal y han desembarcado con repelentes para evitar picadas del Aedes Aegypti.

Acción judicial contra las autoridades

El sindicato de los médicos de Río de Janeiro ha anunciado el inicio de tramites para procesar a los gobiernos de la ciudad, del Estado y del Brasil por la epidemia de dengue. La acción judicial buscará responsabilizar a los poderes públicos por la epidemia y por la situación caótica en los hospitales públicos.
Los hospitales públicos se mostraron incapaces durante las primeras semanas para atender las necesidades básicas de la población de Río de Janeiro. El reclamo legal también exigirá una indemnización por daños morales y materiales de las familias de las víctimas fatales del dengue.
El gobierno estatal redujo en 50 por ciento la previsión de gastos para el combate al dengue y el año pasado cerró el hospital San Sebastián, considerado una referencia para el tratamiento de la epidemia.
El director del sindicato, Jorge Darze, explicó que "la epidemia de dengue es un resultado de la irresponsabilidad del poder público".

Los sindicatos no son los únicos en denunciar esta situación. El propio ministro de Salud del gobierno central, Jose Gomes Temporao, atribuyó al modelo de asistencia hospitalaria del estado de Río de Janeiro, como una de las principales causas para el aumento del número de muertes en este distrito, entre otras cosas por los fallos para detectar a tiempo los síntomas de la enfermedad y para tratarla.

El Gobierno tuvo que movilizas al Ejército

Ese caos obligó al gobierno federal a movilizar a las Fuerzas Armadas, que ya instalaron tres hospitales de campaña. Unos 1.200 militares profesionales de la salud atienden en los hospitales militares, utilizados en tiempos de guerra. Reducir la asignación presupuestaria para combatir el dengue precisamente donde suelen registrarse los mayores contagios de Latinoamérica es, como mínimo, una irresponsabilidad.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que Brasil registró más de la mitad de casi un millón de casos de dengue en el continente el año pasado.
El virus del dengue puede incapacitar varios días a los enfermos, y produce fuertes dolores de cabeza y de las articulaciones. Una variante de la enfermedad, conocida como dengue hemorrágico, puede ser fatal.

Prevención y educación, únicas armas

Después de haber tomado medidas de emergencia imprescindibles para atacar la epidemia de dengue en esta ciudad brasileña, las autoridades de salud se comprometen ahora a invertir en educación como única forma efectiva de evitar nuevos brotes de la enfermedad.

En Río, en las últimas semanas se tomaron medidas de emergencia tales como combatir focos de multiplicación del mosquito, como en la eliminación de aguas estancadas. El superintendente de Vigilancia de Salud y Defensa Civil del gobierno del estado de Río de Janeiro, Victor Berbara no descarta que el motivo de la fuerza de la epidemia en esa región se deba a que allí existe un mayor número de personas "susceptibles", es decir que no tuvieron el virus tipo 3 de la enfermedad en la epidemia del 2002.

El dengue se manifiesta con fiebre alta, fuerte dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto y el apetito, erupciones en el pecho y miembros inferiores, náuseas y vómitos. La enfermedad es curable si se atiende a tiempo y se guarda reposo, aunque en su variante hemorrágica llega ser mortal. "Las que tuvieron ese tipo de dengue en 2002 quedaron resistentes al contagio. Pero en la región oeste hubo una gran inmigración de otras regiones en los últimos años por la gran especulación inmobiliaria", explicó. Pero el especialista en salud del gobierno de Río de Janeiro subrayó que el dengue es una enfermedad "de cuño social muy grande, vinculada a las condiciones de vida de la población, a la calidad de vivienda, de saneamiento básico, recolección de basura, al abastecimiento de agua potable". Y en regiones donde esas condiciones no se dan es más fácil la propagación de la enfermedad, agregó el experto. También atribuye la mayor incidencia de casos en Río de Janeiro "al aumento de lluvias en esta época y por lo tanto de proliferación de criaderos de mosquitos en lugares de acumulación de agua como áreas inundadas o charcos".

El gobierno está preocupado por otro factor adicional que podría aumentar los casos de dengue en otras regiones como la zona sur de Río de Janeiro. Se refiere al regreso del virus tipo 2, que proliferó en la década del 90, que "esta entrando nuevamente y podría afectar a más personas susceptibles también en la zona sur y otras", afirma Berbara.

Un virus más agresivo que, también como hipótesis, sería el causante de la mayor letalidad de la enfermedad. Por eso "no diremos que la zona sur está libre de dengue", aclaró el funcionario de un gobierno que después de algunas semanas de titubeos ahora optó por hablar claramente de la enfermedad.

El mosquito se desarrolla en promedio de seis a siete días para pasar a la etapa de adulto, pero el huevo puede mantenerse intacto un año y medio incluso en lugares secos. En el pasado hubo diversas campañas en los medios de comunicación para orientar a la población a participar de tales medidas, que fueron dejándose de lado en la medida que descendían los brotes de dengue. "Nuestra preocupación mayor ahora es la asistencia medica. Vemos a los médicos, bomberos y al ejército trabajando. Emitimos una ley para obligar a las personas a dejar entrar a los agentes a su casa. Pero el resto del año tenemos que mantener el vector controlado a través de la educación", subrayó. "Sólo cuando la población tenga educación al respecto y entienda que la prevención debe ser una acción rutinaria veremos resultados. Ese es nuestro desafío y tenemos que invertir en eso", concluyó Víctor Berbara .

(Fuentes:AFP-Reuters, ANSA-Latina, Prensa Latina, BBC-Mundo, Agencia PÚLSAR e IPS)

Perú-Argentina-Paraguay-Ecuador: Tropas de EE.UU.

DENUNCIAN PENETRACIÓN MILITAR NORTEAMERICANA EN EL CHACO ARGENTINO. IQUITOS-PERÚ SE CONSOLIDA COMO SEDE DE LA NUEVA BASE DEL COMANDO SUR PARA SUSTITUIR A LA DE MANTA-ECUADOR, DESCARTADO PARAGUAY TRAS EL TRIUNFO DEL EX-OBISPO LUGO

La Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia argentina del Chaco y el Centro Nelson Mandela coincidieron en denunciar que el gobierno provincial chaqueño mantuvo en marzo pasado reuniones con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Tras la denuncia, las organizaciones provinciales de trabajadores, organismos de derechos humanos y fuerzas políticas de la región han expresado que esperan una explicación pública sobre esos encuentros por parte del Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
El secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación del Chaco, Sergio Soto, confirmó que hubo "como mínimo dos reuniones" entre el Ejercito Norteamericano y fuerzas de seguridad provinciales.

Las organizaciones sociales señalaron que las reuniones se presentaron como un acercamiento a posibles acuerdos de capacitación para catástrofes y ayuda humanitaria.
Sin embargo, el dirigente sindical vinculó la presencia militar estadounidense a la ubicación geográfica estratégica del Chaco. Esta provincia se ubica sobre la reserva subterránea del acuífero Guaraní.
Por su parte, el coordinador del Centro Nelson Mandela, Rolando Nuñez, aseguró que "con el pretexto de la ayuda humanitaria, militares norteamericanos intentan colarse para llegar con asistencia técnica para situaciones de emergencia".
Nuñez dijo que "ni aún el desastre humanitario de las comunidades indígenas habilita la venida de la organización militar".

“Asesores Militares de EE.UU.” en el Chaco Paraguayo.

En septiembre de 2006, los pobladores de Pozo Hondo-Chaco paraguayo denunciaron la llamativa aparición de personas de nacionalidad estadounidense en la zona. Según informaciones manejadas en el lugar, se trataba de asesores norteamericanos que investigaban la presencia de terroristas islamistas en la zona de Tartagal, en el Chaco argentino. Los estadounidenses llegaron al lugar a bordo de seis camionetas y acamparon en la sede de la Naval. Los miembros del destacamento militar de Mariscal Estigarribia indicaron entonces que la presencia no era motivo para preocuparse sino más bien debía considerarse como una "cortesía". Pero los observadores consideran que lejos de 'cortesías' o 'terrorismos islamistas' el interés de los militares del Comando Sur por estar presente en la zona, podría estar más relacionado, además de por razones geoestratégicas, por la cercanía de Bolivia y los rumores de que el gobierno de Evo Morales se dispondría a reforzar la vigilancia con la instalación de una base en su frontera con Paraguay, en ese momento con un gobierno presidido por el pro-norteamericano Duarte Frutos. La situació habría cambiado sustancialmente con el triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio del ex-obispo Fernando Lugo.

En Perú, Ollanta insiste en que EEUU instala una base en la Amazonía

El líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala, vuelve a insistir en la denuncia de la existencia en la selva de una base militar de Estados Unidos que, valiéndose de la aplicación del Plan Colombia, busca controlar los recursos naturales en la amazonía."Lo que ya existe en la selva peruana es una base de Estados Unidos que está en camino de fijar su residencia", alertó en entrevista al canal venezolano Telesur, al agregar que las bases implantadas "pueden ser fijas o móviles"."Lo que está sucediendo es que al interior de los cuarteles de la Marina y posiblemente también de la Fuerza Aérea, están instalados y despachando oficiales y personal técnico militar de Estados Unidos", aseveró.Según el líder opositor, para instalar una base no se necesita entrar con tropas armadas, sobre si se trata del tema de manejo de recursos naturales en la amazonía. "No necesitan tropas armadas, entonces yo digo que acá sospechosamente el Ejecutivo ha desligado el control para el ingreso de personal militar", añadió.

La primera vez que tropas norteamericanas operaron en el Perú fue hace 21 años con la instalación de una base antidrogas en la selva, precisamente durante el primer gobierno del actual presidente peruano, Alan García. "Lo que necesita Alan García es que ingrese plata al país, de cualquier manera pero que ingrese plata. Para Estados Unidos es una necesidad también tener una base militar en la región y así afianzar sus políticas imperiales en el control directo de lo que es una zona estratégica en el mundo, la amazonía", dice Ollanta quien considera que se trata de "un plan concebido con anticipación". Hace un año, se modificó la clasificación que regula el ingreso de militares extranjeros al país.Se estableció de esta manera dos categorías: La entrada de personal armado o tropa, lo cual es autorizado por el Congreso; y la entrada de militares no armados que solamente requieren autorización del ejecutivo a través de una resolución ministerial. En este sentido Ollanta Humala explica que
"varias de las resoluciones que autorizan la entrada de los militares carecen de fecha de retorno" con lo que se admite la "presencia permanente" de las tropas.

La economista e investigadora mexicana Ana Esther Ceceña, que integra la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA), ya había anticipado que Estados Unidos buscaría fortalecer su posición en Perú. Advirtió que al perder la base del Canal de Panamá, y la de Manta en Ecuador, el gobierno de Bush intentaría aliarse con el de Alan García, para mantener el control en la región.
De hecho, durante los últimos días de abril de este año, el ministro de Defensa de Perú, Antero Flores-Aráoz, reconoció que en lo que va de 2008 ingresaron 31 miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. a la selva peruana. El Ministro también explicó que el Congreso autorizó la presencia de unidades navales y militares estadounidenses con armas a la base de Iquitos para julio de este año. Horas antes, Flores-Aráoz había desmentido la presencia de tropas norteamericanas en el país, para luego confirmarla.

La excusa es, de nuevo, el narcotráfico

El especialista peruano en temas de drogas, Ricardo Soberón, denunció que Estados Unidos planea trasladar la base militar que actualmente tiene en Manta, Ecuador, hacia la ciudad peruana de Iquitos (capital del departamento de Loreto), bajo el pretexto de instalar un Centro de Coordinación Antinarcóticos en diciembre próximo."La instalación de este centro en el Perú es estratégico desde el punto de vista militar norteamericano porque mientras la base de Manta era estratégica por la cercanía con Colombia, en Loreto tenemos una equidistancia respecto a los tres puntos de política alternativa que hay en este momento en el continente: Caracas, Quito y La Paz", asegura.

Soberón explicó que su denuncia se fundamenta en su conocimiento de la estrategia antinarcóticos de EEUU y en las buenas relaciones que mantiene la Marina de Guerra del Perú con Comando Sur estadounidense, encargado de la coordinación militar en toda esta parte del continente. El especialista considera que existe el peligro de que el supuesto centro de coordinación en realidad será utilizado por Estados Unidos con diversos fines."El problema es que cuando los norteamericanos hablan de coordinación es que están pensando en un espacio multipropósito que podría facilitar su presencia militar y el despegue de aviones que vigilen la costa.

La nueva Constitución de Ecuador no permitirá bases militares extranjeras. La Asamblea Constituyente aprobó recientemente los primeros cinco artículos de la carta magna referidos a "Soberanía Territorial". El que hace referencia a la presencia de bases militares dice que "el Ecuador es un territorio de Paz y que no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares". Este artículo obtuvo 89 votos de un total de 105 asambleístas.

Estados Unidos posee en Manta, sobre la costa del Pacífico, una base aprobada en 1998 por el entonces presidente ecuatoriano Jamil Mahuad. El contrato acaba en 2009 y el Presidente Rafael Correa ya ha advertido que no será renovado.

Alertan sobre expansionismo militar de EE.UU.

La posibilidad de que Estados Unidos instale una base militar en Perú enciende las alarmas de expertos y parlamentarios. Las sospechas aumentan tras la visita, la semana pasada, a Lima del jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos, almirante James Stavridis. Los analistas advierten sobre los riesgos. José Robles, especialista militar del Instituto de Defensa Legal de Perú, se pronuncia contra cualquier forma de presencia militar extranjera, peor aún con la fachada de ser un centro antidrogas. Considera que ni el parlamento ni la ciudadanía aceptarán el establecimiento de una base militar norteamericana y demanda explicaciones sobre continuas incursiones de fuerzas estadounidenses en Perú.
Robles coincide con el ex ministro de Defensa y parlamentario David Waissman, en demandar que el ministro de Defensa, Ántero Flores, informe sobre el delicado tema.

El 70 por ciento desaprueba la gestión de Alan García

El 70 por ciento de los peruanos desaprueba al presidente de su país, Alan García, dos puntos menos que en Marzo. Un rechaco que aumenta hasta el 72 por ciento en el caso del Gobierno, según una encuesta de la empresa Apoyo para el diario limeño El Comercio.
El sondeo, efectuado en 16 ciudades del país, dice que sólo 26 por ciento expresó su aprobación a García ; un cuatro por ciento no precisó su opinión.
E ntre los que desaprobaron al mandatario, un 57 por ciento explicó que su calificación se debió al alza de los precios, mientras un 41 por ciento dijo que "no cumple sus promesas, es mentiroso", un 37 por ciento que "no hay trabajo" y un 34 por ciento que hay un "mal manejo de la economía".
Instituciones como el Congreso y el Poder Judicial son desaprobadas por el 80 y el 76 por ciento, respectivamente, mientras que la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, es rechazada por el 72 por ciento.
Al mencionar los principales problemas de Perú, el 43 por ciento consideró que es la corrupción, el 38 por ciento el desempleo y la falta de trabajo, el 36 por ciento la pobreza y el hambre, y el 28 por ciento la delincuencia y la falta de seguridad.
También un 24 por ciento mencionó entre los problemas del país al costo de vida y los altos precios, un 23 por ciento al abuso de las autoridades y un 23 por ciento a la educación inadecuada.
El consultor Alfredo Torres, representante de Apoyo, declaró a El Comercio que es la primera vez que la corrupción "pasa adelante en el 'ranking' de principales problemas del país en la percepción de la opinión pública".

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Argentina-Indymedia, peru.com, MundoPosible y Adital-TeleSur)